En la actualidad estamos acostumbrados a oír hablar a diario, en los medios de comunicación, de términos como evasión de capitales, cuentas secretas, opacidad y sobre todo paraísos fiscales.
Pero, ¿qué es un paraíso fiscal exactamente?
Entendemos como paraísos fiscales a aquéllos países en los que existen unas tributaciones y regímenes fiscales especialmente favorables para extranjeros, tanto personas físicas como jurídicas (sociedades empresariales).
La elaboración de este listado oficial de paraísos fiscales es llevado a cabo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que establece 4 puntos fundamentales para considerar a un Estado soberano como paraíso fiscal, son los siguientes:
- Si la jurisdicción no impone impuestos o éstos son sólo nominales. Si no hay impuestos directos pero sí indirectos, se utilizan los restantes factores para determinar la condición de paraíso fiscal.
- Si hay falta de transparencia (principalmente en el intercambio de datos financieros y bancarios con otros países).
- Si las leyes o las prácticas administrativas no permiten el intercambio de información con fines fiscales con otros países en relación a contribuyentes que se benefician de estos bajos impuestos.
- Si se permite a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas, aún cuando no desarrollen de forma efectiva una actividad dentro del país.
En la actualidad, oficialmente, solo existen 2 países considerados como paraíso fiscal:
A través del siguiente vídeo extraído del programa de TV “La sexta noche”, vemos como el profesor Gay de Liébana, expone de una forma muy clara y didáctica la articulación de este tipo de “tretas” fiscales:
http://youtu.be/t3MHqox30vU
Sorprende ver que solamente 2 países conforman este listado, esto se debe a que se han producido muchos cambios, en los últimos años, ya que en primer lugar fueron retirados de la lista Chipre y Malta; además de Mauricio y Seychelles (jurisdicciones offshore muy populares).
En el año 2009 se exigió un mínimo de 12 convenios firmados para poder abandonar la lista de paraísos fiscales. A partir de aquí algunos estados como Gibraltar, Mónaco, Liechtenstein, Guernsey, Jersey, la Isla de Man o San Marino han abandonado esta consideración, además de otras muchas como las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas, Turks y Caicos, Antigua y Barbuda, Belize, Bahamas, Samoa, …
Es importante destacar que el listado no es realista, ya que la gran mayoría de los estados que han abandonado esta consideración, gracias a acuerdos entre ellos mismos, o con otros países con escasa trascendencia a nivel económico y mundial (por ejemplo Groenlandia), además siguen teniendo un régimen especial para los “no residentes”, por lo que Niue y Naurú deberían estar acompañados, por otros 30 países más, como mínimo.
España elabora y revisa continuamente su propio listado de paraísos fiscales, los cuales son organizados en 4 grupos o categorías
diferentes:
- Territorios ya no considerados como paraísos fiscales en 2012: Andorra, Antillas Holandesas, Aruba, Emiratos Arabes Unidos, Jamaica, Malta y Trinidad y Tobago.
- Territorios con acuerdos publicados en el BOE (retirados en el manual del IS de 2011): Bahamas, Barbados, Panamá, San Marino y Singapur.
- Territorios con acuerdos en proceso (cuando se ratifiquen dejarán de ser considerados paraísos fiscales): Hong Kong, Bermuda, Islas Caimán, Islas Cook, San Vicente y Granadinas y Santa Lucía.
- El resto: Bahrein, Brunei, Chipre, Gibraltar, Anguilla, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Fiji, Isla de Guernsey, Isla de Jersey, Malvinas, Isla de Man, Islas Marianas, Mauricio, Montserrat, Naurú, Islas Salomón, Turks y Caicos, Vanuatu, Islas Vírgenes (británicas y estadounidenses), Jordania, Líbano, Liberia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macao, Mónaco, Omán y Seychelles.
Una vez que tenemos más claros cuántos y cuáles son los paraísos fiscales, nos será más sencillo comprender la ardua lucha que, las autoridades fiscales de cada país, deben llevar a cabo para tratar de luchar contra el fraude, para, de este modo, tratar de aumentar los ingresos fiscales que ayuden a luchar contra la crisis económica.
